La nueva ley de medios fue un gran paso adelante, aunque otros aspectos no están definidos y en la letra chica se puede enturbiar el avance en la democratización real de los medios. La convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones; la construcción de instrumentos verdaderamente federales de radiodifusión; la situación de las radios que esperan desde hace años su legalidad son algunos de los puntos que se tendrán que resolver en un futuro inmediato.
Por Alejandro Pereyra, abogado especializado en comunicaciones y candidato del FAP a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Desde el restablecimiento de la democracia en 1983, distintos sectores sociales y políticos han reclamando la derogación de la Ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura – y aceptada y modificada por los distintos gobiernos que fueran ungidos por la voluntad popular en cuatro oportunidades, incluyendo a la actual gestión del Frente Para la Victoria (2003/2007). Sin embargo, a pesar de los diversos proyectos habidos en ese tiempo, las iniciativas no prosperaban, mientras en la vida diaria la realidad de las empresas de medios de comunicación se desarrolló dentro del marco de la mayor concentración en la actividad.
Es evidente que esta situación se debió a la concurrencia de varios factores, la economía global, la necesidad de una respuesta a la economía de escala, entre otras justificaciones economisitas, todas muy ciertas y razonables. Pero no menos ciertas fueron la necesidad que tuvieron los de grupos de interés, que prefirieron mantener la discrecionalidad total en cuestiones tan sensibles como son la libertad de expresión y el derecho a contar con información veraz, vulnerando de ese modo derechos sociales sustanciales, que se encuentran contemplados en pactos y tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional, mientras consolidaban sus privilegios.
Prevaleció en todo ese tiempo el statu quo, congelando el tratamiento responsable de un tema cuya centralidad era indiscutible, por estar directamente relacionado con derechos y garantías fundamentales, puntal de las libertades públicas y los derechos humanos. Así el Estado que debió asegurar la desconcentración en materia tan trascendente, ignoró la cuestión o declinó hacer, a su tiempo, lo que le era debido.
Ello sólo puede explicarse en la subyacente pretensión empresaria de mantener y acrecentar, una posición de control sobre los servicios de comunicación y sus contenidos, mientras del lado de las potestades públicas solo se pretendía jugar a la administración de sus necesidades políticas circunstanciales, sin tomar en cuenta la verdadera necesidad de regular democráticamente el espectro radioeléctrico y, con ello, el acceso a la explotación de estaciones de radiodifusión.
Por cierto, la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual – necesaria para darle un corte a todo lo dicho y con ello saldar la deuda de la República en dicha materia – debió darse en un marco de debate – que sin una mirada apasionada, nos indica que estuvo negado por el poder económico y sesgado por el poder político (tanto por el oficialismo impulsor que maniqueamente esgrimió un discurso grandilocuente y falsamente épico, como por parte de un sector de la oposición que solo respondió a los deseos de los poderes económicos, olvidando sus propias historias y luchas políticas)-.
Fue que en dicho contexto histórico se modificó la Ley de Radiodifusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manteniendo desactualizado el marco normativo frente a los avances tecnológicos experimentados en los últimos 30 años (los satélites de televisión, Internet, la telefonía celular y la digitalización), los que lógicamente deberán ser regulados en normas correctivas, sumado a la mirada sesgada de como regular en un proceso de desconcentración de algunos, sin importa los otros que también están en idéntica posición.
En tal sentido creemos que resulta incuestionable el avance que implicó la sanción de la nueva Ley de Medios de Comunicación que derogó la vieja Ley de Radiodifusión. Pero, con idéntica fuerza, creemos que resultará necesario ajustar los desvíos que la norma tiene, y para ello no solo serán útiles los fallos de nuestro máximo Tribunal de Justicia – que a la fecha parece más entretenido en comentar su aplicación, que en resolver las cuestiones de fondo sobre el planteo de la cláusula de desinversión – por mencionar una de las cuestionadas, ya que dichas doctrinas serán seguramente las modificaciones sustantivas que se deberán introducir en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este sentido, resultará materia de debate la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, como también la construcción de instrumentos verdaderamente federales de radiodifusión locales, como la necesidad de resolver la situación de estaciones de radiodifusión que esperan su legalidad luego del paso de décadas que el Poder Administrador no les diera respuesta, sea con la vieja norma o con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En definitiva todo un desafío, que esperamos finalmente se realice, para evitar que la realidad sea sólo aquello que nos dicen que es en la actualidad oficialista, o en la oposición que solo le resulta como idea su derogación por imposición del poder económico.
Es evidente que esta situación se debió a la concurrencia de varios factores, la economía global, la necesidad de una respuesta a la economía de escala, entre otras justificaciones economisitas, todas muy ciertas y razonables. Pero no menos ciertas fueron la necesidad que tuvieron los de grupos de interés, que prefirieron mantener la discrecionalidad total en cuestiones tan sensibles como son la libertad de expresión y el derecho a contar con información veraz, vulnerando de ese modo derechos sociales sustanciales, que se encuentran contemplados en pactos y tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional, mientras consolidaban sus privilegios.
Prevaleció en todo ese tiempo el statu quo, congelando el tratamiento responsable de un tema cuya centralidad era indiscutible, por estar directamente relacionado con derechos y garantías fundamentales, puntal de las libertades públicas y los derechos humanos. Así el Estado que debió asegurar la desconcentración en materia tan trascendente, ignoró la cuestión o declinó hacer, a su tiempo, lo que le era debido.
Ello sólo puede explicarse en la subyacente pretensión empresaria de mantener y acrecentar, una posición de control sobre los servicios de comunicación y sus contenidos, mientras del lado de las potestades públicas solo se pretendía jugar a la administración de sus necesidades políticas circunstanciales, sin tomar en cuenta la verdadera necesidad de regular democráticamente el espectro radioeléctrico y, con ello, el acceso a la explotación de estaciones de radiodifusión.
Por cierto, la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual – necesaria para darle un corte a todo lo dicho y con ello saldar la deuda de la República en dicha materia – debió darse en un marco de debate – que sin una mirada apasionada, nos indica que estuvo negado por el poder económico y sesgado por el poder político (tanto por el oficialismo impulsor que maniqueamente esgrimió un discurso grandilocuente y falsamente épico, como por parte de un sector de la oposición que solo respondió a los deseos de los poderes económicos, olvidando sus propias historias y luchas políticas)-.
Fue que en dicho contexto histórico se modificó la Ley de Radiodifusión por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manteniendo desactualizado el marco normativo frente a los avances tecnológicos experimentados en los últimos 30 años (los satélites de televisión, Internet, la telefonía celular y la digitalización), los que lógicamente deberán ser regulados en normas correctivas, sumado a la mirada sesgada de como regular en un proceso de desconcentración de algunos, sin importa los otros que también están en idéntica posición.
En tal sentido creemos que resulta incuestionable el avance que implicó la sanción de la nueva Ley de Medios de Comunicación que derogó la vieja Ley de Radiodifusión. Pero, con idéntica fuerza, creemos que resultará necesario ajustar los desvíos que la norma tiene, y para ello no solo serán útiles los fallos de nuestro máximo Tribunal de Justicia – que a la fecha parece más entretenido en comentar su aplicación, que en resolver las cuestiones de fondo sobre el planteo de la cláusula de desinversión – por mencionar una de las cuestionadas, ya que dichas doctrinas serán seguramente las modificaciones sustantivas que se deberán introducir en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este sentido, resultará materia de debate la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, como también la construcción de instrumentos verdaderamente federales de radiodifusión locales, como la necesidad de resolver la situación de estaciones de radiodifusión que esperan su legalidad luego del paso de décadas que el Poder Administrador no les diera respuesta, sea con la vieja norma o con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En definitiva todo un desafío, que esperamos finalmente se realice, para evitar que la realidad sea sólo aquello que nos dicen que es en la actualidad oficialista, o en la oposición que solo le resulta como idea su derogación por imposición del poder económico.
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