Lo que se pone en juego el 7 de diciembre próximo y las críticas de periodistas alternativos. Sin una estrategia seria de aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales no se garantizará la tan declamada pluralidad de voces.
* por Fernando Tebele integrante de La Retaguardia (www.laretaguardia.com.ar)
Hago periodismo desde los 18 años. No tomo para esa cuenta los juegos de la niñez, cuando armaba equipos de fútbol con las figuritas redondas de cartón y me tiraba al piso de la habitación para armar campeonatos emocionantes. Lo que más me gustaba de ese juego no eran los partidos, que tenían como pelota deforme la pieza más pequeña del Rasti y unos arcos arrancados de un metegol Grangol, de esos que tenían teclas para mover a los jugadores. La satisfacción mayor era la de contar lo que sucedía en esos juegos.
A los 18, en 1988 (Riverito estaría de parabienes con este texto; en los medios tradicionales se construye una carrera con cada estupidez), comencé a estudiar periodismo deportivo y también a trabajar en las flamantes emisoras de FM, en ese tiempo conocidas vulgar y despectivamente como “truchas”. Son, entonces, 24 años haciendo periodismo. En el 95% de los casos, en medios alternativos. Cada tanto hay algún coqueteo con los medios tradicionales pero, como en una relación histérica, no terminamos de conquistarnos.
Desde ese lugar escribo estas palabras. Aquellos que trabajamos en medios comunitarios, alternativos y populares, creemos que nuestro destino no se juega el 7D.
Mucha gente cree que en nuestros medios desbordamos de euforia, porque todos nuestros problemas están solucionados y nuestras radios y televisoras tendrán sus licencias. Lamento desilusionar pero, hasta el momento, no es así. Y nada indica que eso vaya a cambiar el 7D.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) está vigente y con posibilidad de ser aplicada desde su sanción. Sólo está judicializado el ítem que refiere a la adecuación de los monopolios. “Los” escribo, porque no hay un solo monopolio, hay varios. Pero la vigencia de la ley no implica su aplicación total. Es decir: podrían estar solucionados algunos de nuestros problemas, pero la ley no se aplica mucho más allá del “comienzo de espacio publicitario-fin de espacio publicitario”. Según la norma, a la que consideramos un avance desde el sector, el Estado debía elaborar, en 180 días, un plan técnico. Con esta herramienta, se sabría cuánto del espectro radioeléctrico está utilizado (y por quiénes) y cuánto está libre. De ese total, siempre según la ley, el 33% debe ser para organizaciones sin fines de lucro. Sin plan técnico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 33%?
Dentro de ese tercio hay otro inconveniente: la AFA o la UOCRA son entidades sin fines de lucro… Es decir que la Radio de la Asamblea del Algarrobo, en lucha contra la minería en Andalgalá, Catamarca, podría llegar a competir por una licencia con una radio de la Fundación “Qué linda es la minería”, que no existe, pero bien podría existir.
Aquí hay una cuestión que más que solucionarse con la ley, puede enderezarse con la política: el Estado prácticamente ha ignorado a nuestros medios. Sólo entregó equipos a un grupo de radios pertenecientes a FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), una entidad cuyas autoridades están enroladas en el proyecto de gobierno. No sabemos bien por qué a esas radios y no a otras de la misma entidad, o de otras como la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos, de la que somos integrantes) o AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias).
Cuando se debatió esta ley, una consigna fue unánime: había que apuntar a conseguir pluralidad de voces. Si la disputa del 7D pasa por la adecuación de los grupos en una especie de reordenamiento empresarial, donde los medios pasen de unos a otros, esa pluralidad de voces no estará garantizada. Serán medios del gobierno contra medios de la oposición. Si realmente el objetivo es garantizar la pluralidad de voces, no pueden quedar afuera los medios alternativos, comunitarios y populares. Que no sólo aportamos otras voces, sino que además tenemos una lógica diferente, donde la comunicación no es algo que se venda al mejor postor, sino un derecho que tiene que estar al alcance de toda la población.
El 7D encierra un peligro: que tanta expectativa termine decepcionando. Como aquel efecto Y2K del que se habló durante los últimos meses de 1999. Según se decía, el 31 de diciembre de ese año las computadoras se volverían locas al no comprender el paso a 2000; íbamos a regresar, según el presagio nunca cumplido, poco menos que a la edad de piedra. El Y2K, por supuesto, nunca sucedió, aunque varios facturaron extra vendiendo la solución al problema.
No queremos que Clarín continúe siendo el monstruo que es, pero tampoco que sus medios pasen a manos de otros empresarios con la misma lógica, porque de esa manera no se podrá romper la disputa binaria en la que todos mienten, tomando una parte de la realidad y silenciando o tergiversando la otra.
Si eso es todo lo que tiene para ofrecer el 7D, es probable que nos hallemos ante otro Y2K.
A los 18, en 1988 (Riverito estaría de parabienes con este texto; en los medios tradicionales se construye una carrera con cada estupidez), comencé a estudiar periodismo deportivo y también a trabajar en las flamantes emisoras de FM, en ese tiempo conocidas vulgar y despectivamente como “truchas”. Son, entonces, 24 años haciendo periodismo. En el 95% de los casos, en medios alternativos. Cada tanto hay algún coqueteo con los medios tradicionales pero, como en una relación histérica, no terminamos de conquistarnos.
Desde ese lugar escribo estas palabras. Aquellos que trabajamos en medios comunitarios, alternativos y populares, creemos que nuestro destino no se juega el 7D.
Mucha gente cree que en nuestros medios desbordamos de euforia, porque todos nuestros problemas están solucionados y nuestras radios y televisoras tendrán sus licencias. Lamento desilusionar pero, hasta el momento, no es así. Y nada indica que eso vaya a cambiar el 7D.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) está vigente y con posibilidad de ser aplicada desde su sanción. Sólo está judicializado el ítem que refiere a la adecuación de los monopolios. “Los” escribo, porque no hay un solo monopolio, hay varios. Pero la vigencia de la ley no implica su aplicación total. Es decir: podrían estar solucionados algunos de nuestros problemas, pero la ley no se aplica mucho más allá del “comienzo de espacio publicitario-fin de espacio publicitario”. Según la norma, a la que consideramos un avance desde el sector, el Estado debía elaborar, en 180 días, un plan técnico. Con esta herramienta, se sabría cuánto del espectro radioeléctrico está utilizado (y por quiénes) y cuánto está libre. De ese total, siempre según la ley, el 33% debe ser para organizaciones sin fines de lucro. Sin plan técnico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 33%?
Dentro de ese tercio hay otro inconveniente: la AFA o la UOCRA son entidades sin fines de lucro… Es decir que la Radio de la Asamblea del Algarrobo, en lucha contra la minería en Andalgalá, Catamarca, podría llegar a competir por una licencia con una radio de la Fundación “Qué linda es la minería”, que no existe, pero bien podría existir.
Aquí hay una cuestión que más que solucionarse con la ley, puede enderezarse con la política: el Estado prácticamente ha ignorado a nuestros medios. Sólo entregó equipos a un grupo de radios pertenecientes a FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), una entidad cuyas autoridades están enroladas en el proyecto de gobierno. No sabemos bien por qué a esas radios y no a otras de la misma entidad, o de otras como la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos, de la que somos integrantes) o AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias).
Cuando se debatió esta ley, una consigna fue unánime: había que apuntar a conseguir pluralidad de voces. Si la disputa del 7D pasa por la adecuación de los grupos en una especie de reordenamiento empresarial, donde los medios pasen de unos a otros, esa pluralidad de voces no estará garantizada. Serán medios del gobierno contra medios de la oposición. Si realmente el objetivo es garantizar la pluralidad de voces, no pueden quedar afuera los medios alternativos, comunitarios y populares. Que no sólo aportamos otras voces, sino que además tenemos una lógica diferente, donde la comunicación no es algo que se venda al mejor postor, sino un derecho que tiene que estar al alcance de toda la población.
El 7D encierra un peligro: que tanta expectativa termine decepcionando. Como aquel efecto Y2K del que se habló durante los últimos meses de 1999. Según se decía, el 31 de diciembre de ese año las computadoras se volverían locas al no comprender el paso a 2000; íbamos a regresar, según el presagio nunca cumplido, poco menos que a la edad de piedra. El Y2K, por supuesto, nunca sucedió, aunque varios facturaron extra vendiendo la solución al problema.
No queremos que Clarín continúe siendo el monstruo que es, pero tampoco que sus medios pasen a manos de otros empresarios con la misma lógica, porque de esa manera no se podrá romper la disputa binaria en la que todos mienten, tomando una parte de la realidad y silenciando o tergiversando la otra.
Si eso es todo lo que tiene para ofrecer el 7D, es probable que nos hallemos ante otro Y2K.
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