A pocos meses de los 4 años de la desaparición de Luciano Arruga por primera vez un alto funcionario escucha cara a cara a los familiares y amigos de la víctima. Los jóvenes pobres en el gran Buenos Aires siguen siendo mano de obra cautiva y tercerizada de los policías para delinquir.
Por Familiares y amigos de Luciano Arruga
Luciano Arruga, de 16 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. La última que lo vieron con vida fue en el entonces Destacamento policial de Lomas del Mirador. Los peritajes realizados y los testimonios obtenidos en la causa que investiga su paradero confirman la sospecha de su familia: la policía sabe dónde está. Tiempo antes de ser secuestrado, los efectivos del Destacamento le habían ofrecido robar para ellos en zonas liberadas. Luciano se negó y comenzó a ser sistemáticamente detenido y hostigado. La carátula de la causa sigue siendo "averiguación de paradero" pero se reclama por el cambio a "desaparición forzada de persona", y que los ocho policías implicados sean juzgados.
Nunca antes un alto funcionario, del rango del gobernador bonaerense, había recibido a los familiares de Luciano. La entrevista en la gobernación habla de un reconocimiento de la máxima autoridad del Ejecutivo bonaerense hacia un caso que masificó el sistemático mecanismo de la corrupción de la Policía Bonaerense que somete a los jóvenes a su red delincuencial que es en definitiva la tercerización el delito.
Scioli abrió la puerta de su despacho en La Plata el pasado 16 de agosto. La comitiva fue encabezada por Vanesa Orieta, hermana de Luciano, y la acompañaron los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria.
Del lado del gobernador lo secundaban el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto.
La reunión se da en el contexto de una escalada de persecución y hostigamiento a los familiares de Luciano por parte del mafioso aparato de los “patas negras”.
La crudeza de los reclamos mantuvieron en silencio al gobernador. Escuchó sobre las constantes amenazas sufridas por los que buscan incansablemente a Luciano, y luego vinieron las exigencias. Sus anotaciones eran mentales. En primer lugar, la separación inmediata de las fuerzas de los ocho policías que estuvieron presentes en el ex Destacamento de Lomas del Mirador la noche en que Luciano fue secuestrado, ya que estos efectivos continúan trabajando en funciones en distintas comisarías de La Matanza; en segundo lugar, se reclamó los recursos necesarios para acelerar el cambio de carátula de la causa de "Averiguación de paradero" a "Desaparición forzada de persona", así como también el enjuiciamiento de la primera fiscal a cargo, Roxana Castelli, quien, entre otros gravísimos hechos, derivó la investigación a la misma policía, responsable directa de la desaparición de Arruga. El último de los puntos es la entrega del ex Destacamento a los familiares y amigos de Luciano, a quienes actualmente el intendente Espinoza les niega el acceso.
Scioli prometió trabajar en todos los puntos. Pero no hubo avance alguno.
Para los Familiares y Amigos de Arruga “la lucha por Luciano es una realidad que desmiente el discurso de los derechos humanos que enarbola el kirchnerismo. Durante su gestión se impulsa una política de militarización de los barrios, fue asesinado Mariano Ferreyra por una mafiosa patota sindical, con policías que actuaron como partícipes necesarios del crimen, fue desaparecido Julio López y aprobada una Ley Antiterrorista, que no hace más que legitimar la judicialización y represión de la protesta social, entre muchos otros ejemplos”. Por eso consideran que “para terminar con el delito organizado en la provincia es necesario desmantelar la mafia de la policía bonaerense”.
Nunca antes un alto funcionario, del rango del gobernador bonaerense, había recibido a los familiares de Luciano. La entrevista en la gobernación habla de un reconocimiento de la máxima autoridad del Ejecutivo bonaerense hacia un caso que masificó el sistemático mecanismo de la corrupción de la Policía Bonaerense que somete a los jóvenes a su red delincuencial que es en definitiva la tercerización el delito.
Scioli abrió la puerta de su despacho en La Plata el pasado 16 de agosto. La comitiva fue encabezada por Vanesa Orieta, hermana de Luciano, y la acompañaron los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria.
Del lado del gobernador lo secundaban el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto.
La reunión se da en el contexto de una escalada de persecución y hostigamiento a los familiares de Luciano por parte del mafioso aparato de los “patas negras”.
La crudeza de los reclamos mantuvieron en silencio al gobernador. Escuchó sobre las constantes amenazas sufridas por los que buscan incansablemente a Luciano, y luego vinieron las exigencias. Sus anotaciones eran mentales. En primer lugar, la separación inmediata de las fuerzas de los ocho policías que estuvieron presentes en el ex Destacamento de Lomas del Mirador la noche en que Luciano fue secuestrado, ya que estos efectivos continúan trabajando en funciones en distintas comisarías de La Matanza; en segundo lugar, se reclamó los recursos necesarios para acelerar el cambio de carátula de la causa de "Averiguación de paradero" a "Desaparición forzada de persona", así como también el enjuiciamiento de la primera fiscal a cargo, Roxana Castelli, quien, entre otros gravísimos hechos, derivó la investigación a la misma policía, responsable directa de la desaparición de Arruga. El último de los puntos es la entrega del ex Destacamento a los familiares y amigos de Luciano, a quienes actualmente el intendente Espinoza les niega el acceso.
Scioli prometió trabajar en todos los puntos. Pero no hubo avance alguno.
Para los Familiares y Amigos de Arruga “la lucha por Luciano es una realidad que desmiente el discurso de los derechos humanos que enarbola el kirchnerismo. Durante su gestión se impulsa una política de militarización de los barrios, fue asesinado Mariano Ferreyra por una mafiosa patota sindical, con policías que actuaron como partícipes necesarios del crimen, fue desaparecido Julio López y aprobada una Ley Antiterrorista, que no hace más que legitimar la judicialización y represión de la protesta social, entre muchos otros ejemplos”. Por eso consideran que “para terminar con el delito organizado en la provincia es necesario desmantelar la mafia de la policía bonaerense”.
1 comentarios:
Recordemos las mafias feudales en zonas agrícolas, como en el caso del trabajador desaparecido el 5 de noviembre de 2011, Daniel Solano, en Choele Choel.
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