El asesinato de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, llegó a juicio oral en tiempo record. Por primera vez en la historia argentina se sienta en el banquillo de los acusados a un jerarca sindical como José Pedraza. Todos los detalles del juicio y sus consecuencias políticas.
Por Gabriel Solano dirigente del Partido Obrero (PO)
El comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y por las graves heridas sufridas por otros compañeros, ha sido visto como un triunfo por amplias franjas del pueblo. No es para menos. Se llega al mismo en un tiempo relativamente ´récord´ para la Justicia de nuestro país y, sobre todo, porque tiene en el banquillo de los acusados a uno de los pesos pesados más importantes de la burocracia sindical: José Pedraza, Secretario General de la Unión Ferroviaria, que está detenido desde febrero del año 2011.
Lo ocurrido en Barracas aquel 20 de octubre del 2010 fue un crimen político contra la clase obrera. Los responsables hunden sus raíces en la clase capitalista Argentina, en los funcionarios gubernamentales, en la burocracia sindical integrada al Estado y en las fuerzas represivas de éste. La trama de negocios e intereses que unieron y unen a estos sectores apunta a reforzar la explotación de la clase obrera y el dominio de sus organizaciones por parte de una burocracia, que juega el doble papel de aliada del gobierno y las patronales. Por eso no es casual que la patota armada por Pedraza dirigiera sus armas contra una manifestación de trabajadores ´tercerizados´, que reclamaban terminar con su situación de precariedad laboral y pasar a la planta permanente del ferrocarril. En la línea Roca eran más de 1.500 los trabajadores que revestían el carácter de ´tercerizados´. Muchos de ellos explotados directamente por empresas cuya propiedad pertenecía a la propia burocracia de la Unión Ferroviaria. Para ésta, la satisfacción del reclamo obrero era doblemente peligroso: echaba por tierra un negocio millonario pero también ponía en riesgo su dominio patoteril sobre el sindicato. Es que los trabajadores iban a ingresar a la UF luego de haber recorrido una experiencia concluyente sobre el carácter antiobrero y patronal de su dirección. Estos son los motivos de fondo que llevaron a Pedraza y su segundo, Fernández, a mandar a matar.
Como ocurre con todos los crímenes políticos el avance de la causa está determinado por la lucha política y la capacidad de movilización que podamos desplegar. El eje de la lucha es extrajudicial. No hay dudas que las manifestaciones masivas producidas desde el 21 de octubre del 2010 en todo el país fueron determinantes para que se detenga a la primera tanda de patoteros que realizaron el brutal ataque. Fue necesario luego una lucha política ardua para que se avances sobre los responsables políticos, Pedraza en primer lugar. Ahora estamos en la misma situación: será necesaria una fuerte movilización en todo el país, de todos los sectores populares, para lograr que se condene a todos los imputados por homicidio calificado e intento de homicidio.
La necesidad de esta lucha política está dada porque el gobierno no ha roto sus lazos con la burocracia de Pedraza. En muy buena medida el sistema ferroviario sigue en sus manos.
El Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, que responde a la burocracia sindical, sigue en su puesto a pesar de los accidentes que se repiten a diario. La esposa de Pedraza y su contador, Stafforini, siguen manejando el Belgrano Cargas. Otros personeros puestos por la UF y La Fraternidad manejan las empresas estatales ferroviarias. Los empresarios de la UGOFE (grupo Roggio y Romero) que habilitaron a la patota a realizar el ataque, tal como consta en la causa, siguen manejando el Roca, pero además han sido premiados otorgándole la concesión de los reales de TBA. Los discursos de la Presidenta son para engañar incautos. Mientras buscan que bajemos la guardia manda a su ministro Tomada, ex abogado de Pedraza, a complotar junto con éste en la interna de la CGT.
Los familiares de la masacre de Once resumieron esta situación de una manera contundente. Denunciaron a los funcionarios y empresarios responsables de la hecatombe ferroviaria y relataron la hostilidad de la propia presidenta de la Nación para con ellos. La conexión entre el asesinato de Mariano Ferreyra y la masacre de Once es cristalina. Es la misma trama de negocios, son los mismos funcionarios, los mismos burócratas sindicales, los mismos empresarios. Si luego del asesinato de Mariano se hubiese removido a fondo a los responsables, Once se hubiese evitado. Pero no se hizo.
En Comodoro Py, como se ve, se está librando una pelea de fondo cuyo escenario supera y por mucho las 4 paredes de los Tribunales. Los asesinos de Mariano buscarán valerse de su poder para lograr la impunidad. Pero el pueblo argentino no lo puede permitir. La condena para los responsables no sólo es un acto de justicia sino también un medio para reforzar la lucha contra el régimen político y social responsable de la explotación de la clase obrera y de los crímenes contra el pueblo. Por eso la “Justicia por Mariano” se ha convertido en una causa popular.
Lo ocurrido en Barracas aquel 20 de octubre del 2010 fue un crimen político contra la clase obrera. Los responsables hunden sus raíces en la clase capitalista Argentina, en los funcionarios gubernamentales, en la burocracia sindical integrada al Estado y en las fuerzas represivas de éste. La trama de negocios e intereses que unieron y unen a estos sectores apunta a reforzar la explotación de la clase obrera y el dominio de sus organizaciones por parte de una burocracia, que juega el doble papel de aliada del gobierno y las patronales. Por eso no es casual que la patota armada por Pedraza dirigiera sus armas contra una manifestación de trabajadores ´tercerizados´, que reclamaban terminar con su situación de precariedad laboral y pasar a la planta permanente del ferrocarril. En la línea Roca eran más de 1.500 los trabajadores que revestían el carácter de ´tercerizados´. Muchos de ellos explotados directamente por empresas cuya propiedad pertenecía a la propia burocracia de la Unión Ferroviaria. Para ésta, la satisfacción del reclamo obrero era doblemente peligroso: echaba por tierra un negocio millonario pero también ponía en riesgo su dominio patoteril sobre el sindicato. Es que los trabajadores iban a ingresar a la UF luego de haber recorrido una experiencia concluyente sobre el carácter antiobrero y patronal de su dirección. Estos son los motivos de fondo que llevaron a Pedraza y su segundo, Fernández, a mandar a matar.
Como ocurre con todos los crímenes políticos el avance de la causa está determinado por la lucha política y la capacidad de movilización que podamos desplegar. El eje de la lucha es extrajudicial. No hay dudas que las manifestaciones masivas producidas desde el 21 de octubre del 2010 en todo el país fueron determinantes para que se detenga a la primera tanda de patoteros que realizaron el brutal ataque. Fue necesario luego una lucha política ardua para que se avances sobre los responsables políticos, Pedraza en primer lugar. Ahora estamos en la misma situación: será necesaria una fuerte movilización en todo el país, de todos los sectores populares, para lograr que se condene a todos los imputados por homicidio calificado e intento de homicidio.
La necesidad de esta lucha política está dada porque el gobierno no ha roto sus lazos con la burocracia de Pedraza. En muy buena medida el sistema ferroviario sigue en sus manos.
El Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, que responde a la burocracia sindical, sigue en su puesto a pesar de los accidentes que se repiten a diario. La esposa de Pedraza y su contador, Stafforini, siguen manejando el Belgrano Cargas. Otros personeros puestos por la UF y La Fraternidad manejan las empresas estatales ferroviarias. Los empresarios de la UGOFE (grupo Roggio y Romero) que habilitaron a la patota a realizar el ataque, tal como consta en la causa, siguen manejando el Roca, pero además han sido premiados otorgándole la concesión de los reales de TBA. Los discursos de la Presidenta son para engañar incautos. Mientras buscan que bajemos la guardia manda a su ministro Tomada, ex abogado de Pedraza, a complotar junto con éste en la interna de la CGT.
Los familiares de la masacre de Once resumieron esta situación de una manera contundente. Denunciaron a los funcionarios y empresarios responsables de la hecatombe ferroviaria y relataron la hostilidad de la propia presidenta de la Nación para con ellos. La conexión entre el asesinato de Mariano Ferreyra y la masacre de Once es cristalina. Es la misma trama de negocios, son los mismos funcionarios, los mismos burócratas sindicales, los mismos empresarios. Si luego del asesinato de Mariano se hubiese removido a fondo a los responsables, Once se hubiese evitado. Pero no se hizo.
En Comodoro Py, como se ve, se está librando una pelea de fondo cuyo escenario supera y por mucho las 4 paredes de los Tribunales. Los asesinos de Mariano buscarán valerse de su poder para lograr la impunidad. Pero el pueblo argentino no lo puede permitir. La condena para los responsables no sólo es un acto de justicia sino también un medio para reforzar la lucha contra el régimen político y social responsable de la explotación de la clase obrera y de los crímenes contra el pueblo. Por eso la “Justicia por Mariano” se ha convertido en una causa popular.
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