El clan familiar del dueño de la marca SOHO creó 16 sociedades anónimas para obtener préstamos de dinero, diversificar las responsabilidades de la empresa, introducir dinero producto del lavado, contraer deudas y luego declararse insolvente. Un clan empresarial favorecido por un juez federal y vinculado a un ex secretario presidencial y a un narco-prostíbulo.
Por Lucas Schaerer, periodista
La marca de ropa SOHO es el botón de muestra de una industria de tipo mafiosa que tiene como principal aliado al Estado para facturar nueve mil millones de pesos anuales. Al igual que las llamadas maquilas de México, con su principal exponente el mafioso Kamel Nacif Borge (un abusador de menores denunciando por la periodista Lydia Cacho), en Argentina la industria textil prospera utilizando la ilegalidad, sean empresas fantasmas, talleres clandestinos o lavado de dinero, como eje central para la producción. Tanto el gobierno menemista en su última etapa como el kirchnerismo en la actualidad, instalaron como líder del empresariado vernáculo a uno de los principales barones de esta rama de la industria, José Ignacio de Mendiguren.
El sistema de servidumbre para someter trabajadores, que se nutre del mecanismo del tráfico de personas, como viene denunciando la Defensoría del Pueblo de la Ciudad desde por lo menos el año 1999, tiene en SOHO el ejemplo más notorio e impune de la construcción empresaria de tipo mafiosa.
El emporio SOHO, dirigido a la luz por Nelson Alejandro Sánchez Anterino, está compuesto por, al menos, 16 sociedades anónimas (ver recuadro), las cuales van siendo utilizadas como garantías entre ellas mismas para obtener préstamos de dinero, diversificar las responsabilidades fiscales y legales de la empresa, introducir dinero producto del lavado de activos (el ejemplo es la megacausa por la compra de autos contrabandeados con licencias diplomáticas que involucra a dos empresas de Sánchez Anterino: Gilmer S.A. y Cromel S.A.), para contraer deudas y luego declararse insolvente.
Al indagar en la historia laboral de un empleado con antigüedad en SOHO, es notorio que pasó, como mínimo, por seis sociedades comerciales. Por supuesto, todas estas sociedades hicieron fraude sistemático al fisco, a los aportes previsionales, y sindicales, entre otras formas para la acumulación empresaria.
El mecanismo económico oculto con que opera la marca de ropa SOHO, investigada por violación a derechos humanos básicos por lo que jamás fue condenada, es crear una sociedad anónima y poner como directores a dos testaferros. A los pocos meses, declaran la renuncia de los “testas” y asumen los reales dueños. Cuando estas sociedades ya quedan muy expuesta judicialmente, en los medios de prensa, o se desborda en deudas, dan un paso al costado. Entonces, renuncian y vuelven a poner otros dos testaferros.
Detrás de los testaferros de SOHO se esconde un clan familiar. Al mejor estilo del grupo mafioso italiano 'Ndrangheta, que recluta a sus miembros siguiendo el criterio de la relación de sangre que genera una cohesión que dificulta las traiciones. Quien encabeza el emporio mafioso de SOHO es Nelson Sánchez Anterino, le sigue su esposa María Pía Maestro, hermana de una famosa actriz internacional (Mia Mestro), su madre Elba Anterino, y su tía Anneris Anterino. Además sumaron al clan a Sofía Gabina Verón, que crío a Nelson Sánchez Anterino, y su esposo Alberto Francisco Piñeyro.
Por su parte, el artífice de la ingeniería administrativa/contable es Hermes Raúl Luis Provenzano, imputado como el resto del clan por reducción a la servidumbre en talleres esclavos, violación a la Ley de Migraciones y a la Ley de Trabajo a Domicilio, como el apoderado de Radya S.A. “En realidad es el contacto con los bancos”, señalan desde el despacho del Fiscal Federal Federico Evers, quien en diciembre de 2007 solicitó la indagatoria a los responsables de comercializar la marca SOHO. Algo que nunca prosperó, porque el juez Federal Norberto Oyarbide dictó el sobresimiento de los imputados (entre ellos Sánchez Anterino, Provenzano y Verón), considerando que “No hubo aprovechamiento de la situación migratoria irregular de las personas que trabajan en el taller (…) por las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano de donde proviene la mayoría de los ocupantes del inmueble allanado”. Es decir, los trabajadores migrantes consentían a criterio de Oyarbide su propia explotación por cuestiones culturales, independientemente de que el hecho involucre empresarios nacionales violando todas las leyes laborales que rigen en el país, derechos de los trabajadores que por definición, son irrenunciables.
La causa judicial del escandaloso fallo de Oyarbide fue iniciada por el Gobierno de la Ciudad, en ese entonces dirigido por Jorge Telerman, y la Defensoría del Pueblo porteña de Alicia Pierini, y justamente certificó los datos aportados por la Alameda y los trabajadores de SOHO.
Volviendo a las sociedades comerciales si algún juez tomara la decisión de cruzar los datos de las sociedades comprobaría el entramado descubierto por los trabajadores de SOHO encabezados por su delegado Ezequiel Conde. El patrón es repetir las mismas empresas con los mismos testaferros y direcciones, tanto de las sociedades como de los directivos. Estas direcciones en general son oficinas o galpones vacíos. Y a ninguna sociedad, salvo la que está en ese momento funcionando dentro de la empresa, se le conoce ninguna actividad real.
EL ESTADO TE PROTEGE
Los organismos de control del Estado nacional y porteño juegan un rol fundamental dentro de la protección al mecanismo económico que se nutre de las ganancias de someter a la esclavitud a inmigrantes indocumentados en talleres clandestinos.
“Los trabajadores nos cansamos de ver por años como desfilaban los inspectores de la AFIP, Subsecretaria de Trabajo porteña, Agencia Gubernamental de Control que, sobre mediante, se van sin que nada cambie”, afirmó Ezequiel Conde, líder del grupo de trabajadores que en dos ocasiones decidieron permanecer en la planta de SOHO, en Díaz Colodrero al 3500 barrio de Villa Urquiza, en resguardo de sus fuentes laborales que peligran por el vaciamiento que vienen denunciando desde abril del 2011.
De todas maneras, el organismo del Ejecutivo clave para mantener y reproducir la estructura económica de la esclavista marca SOHO, es la Inspección General de Justicia (IGJ). Al leer los boletines oficiales se aprecia que la IGJ, a cargo del abogado militante de La Campora Norberto Carlos Berner, autoriza sociedades anónimas sin una ínfima verificación. Nunca vieron los empleados bajo el mando de Berner las renuncias de cargos de diferentes sociedades en el mismo día y con los mismos nombres.
A los trabajadores de SOHO, grandes protagonistas en el descubrimiento del entramado mafioso de su jefe, les parece muy claro el actuar de la IGJ. “A la Fundación Alameda, que lucha justamente contra el crimen organizado, cuando tramitó su matrícula pasaron cuatro años para otorgarla, y así a otras ong’s antimafia. Pero no pasa igual cuando se trata de las sociedad de SOHO”, remató el delegado gremial Conde.
La única sociedad visible de SOHO, Gilmer S.A. se encuentra en Concurso Preventivo acumulando una deuda de 96 millones de pesos por cheques liberados sin fondos, más una deuda post concursal de 11 millones de pesos. Eso no es todo en la impunidad para la empresa mafia. Hasta crearon una sociedad paralela, Riverotex S.A., e informaron a la jueza en lo comercial Valeria Pérez Casado, a cargo de la intervención, y también lo declararon en el juzgado correccional N° 47 donde están imputados por vaciamiento y estafa. El argumento de la patronal esclavista es que mediante Riverotex S.A. sostienen el flujo de dinero (ya que las cuentas de Gilmer S.A. están cerradas). La nueva sociedad, en su corta existencia, ya acumula una deuda de 4.5 millones de pesos por cheques liberados sin fondos.
El “todo vale” es la frase preferida de los trabajadores para resumir la impunidad de su patronal. Es que los trabajadores de SOHO vieron a lo largo de los años compañeros suyos ser echados a los cachetazos por un súbito enojo de Nelson Sánchez Anterino, o las carcajadas de los capataces de los talleres clandestinos al contar como sacaban a los costureros que se quedaban dormidos en las propias máquinas de coser.
“Pero la justicia tanto penal como comercial es permisiva con estos tránsfugas económicos y pareciera que todo vale”, repite Ezequiel Conde quien recuerda que el juez federal Norberto Oyarbide quedó al descubierto por otorgar el sobresimiento a los dueños de SOHO pero agrega que las conexiones mafiosas subieron de nivel.
EL TRIUNVIRATO MAFIOSO
En febrero, en una entrevista al noticiero de América 24, los propios abogados de Nelson Sánchez Anterino reconocieron que hace un año SOHO tenía un local lindero al narco-prostíbulo Black, en Ayacucho 1981, en el barrio de Recoleta. Lo que no dicen los letrados es que la parcela del inmueble es propiedad de Aljorse Black SRL, a cargo de Alberto Fernández (homónimo del ex funcionario nacional) que subarrendó por años a Nelson Sánchez Anterino. El respaldo político al proxeneta de Recoleta quedó en evidencia al formar parte de la comitiva empresaria a Angola que encabezó el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. A puertas cerradas el destacado funcionario nacional reconoció que Fernández integró la comitiva al país de África. Nunca aclaró si lo llevaron por su habilidad para explotar mujeres, comerciar cocaína o contrabandear autos de lujos.
No es la única conexión. Distintos testigos y trabajadores de Black reconocen que su dueño, Alberto Fernández se muestra como propietario de la concesionaria Machines con sede en Martínez, Av. Libertador 14399, denunciada por la venta de autos contrabandeados con licencia diplomática. La sede legal de Machines compartía la dirección con otro local de la marca SOHO. Las dos empresas anunciaban por separado en sus páginas webs la misma dirección en av. Libertador 14399.
A su vez, otro de los dueños de la concesionaria Machines es el ex secretario de la presidenta, Fabián Gutiérrez. Este ex secretario, imputado en una causa por enriquecimiento ilícito, abrió una concesionaria Machines en Río Gallegos a nombre de un testaferro. Gutiérrez era habitué del prostíbulo Black donde se dedicaba a cerrar negocios y a largas conversaciones con Alberto Fernández.
La concesionaria Machines de Martínez quedó en evidencia en el verano de 2008, luego de una auditoria realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la intervención inicial del Juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y que hoy tramita por el juzgado N° 5 a cargo de Jorge Ángel Brugo. Por la investigación de los trabajadores de SOHO, a esa megacausa se aportó un depósito clandestino en la calle Tartagal 5850, en el barrio de Villa Urquiza. Esa denuncia de mayo del 2011 inició un nuevo expediente en el juzgado Penal Económico N° 9. En este juzgado se tomó testimonio al delegado de SOHO y finalmente la causa fue archivada.
En la causa penal por los autos de lujo quedó certificado que uno de ellos fue comprado mediante la Embajada de Bolivia y el otro de Arabia Saudita. Sofía Verón y su esposo, Alberto Francisco Piñeyro, afirman haber comprado los autos en Machines de Martinez. En esa causa, varios autos son declarados como adquiridos en distintas franquicias de Machines y aparece un tal Sequeiros como el empleado de la firma que concretó todas las ventas. Además, en la gestoría aparece el Estudio Galli involucrado en el caso del Porsche de Cromel S.A. y de la camioneta Hummer de Gilmer S.A.
Como si esto no fuera poco, el dueño del narco-prostíbulo Black se mostraba en la planta de SOHO como socio propietario. De hecho, en una imagen tomada por un trabajador se lo ve al dueño del prostíbulo Alberto Fernández dentro de la fábrica de SOHO en Villa Urquiza.
“En el mundial de futbol de 2006 se mandaron remeras para mujeres con la bandera y el logo de Black. Además sabemos porque lo conocemos de muchos años el herrero de SOHO, también trabajaba para el prostíbulo Black y la concesionaria Machines en Martínez”, reconoció Ezequiel Conde de SOHO y referente de la agrupación gremial la Unión de Trabajadores Costureros (UTC-Alameda).
Se entiende la frase “todo vale” cuando se escucha que los barones de la industria textil reconocieron en la sede del Ministerio de Trabajo Nacional que el 78% de su producción es ilegal.
El sistema de servidumbre para someter trabajadores, que se nutre del mecanismo del tráfico de personas, como viene denunciando la Defensoría del Pueblo de la Ciudad desde por lo menos el año 1999, tiene en SOHO el ejemplo más notorio e impune de la construcción empresaria de tipo mafiosa.
El emporio SOHO, dirigido a la luz por Nelson Alejandro Sánchez Anterino, está compuesto por, al menos, 16 sociedades anónimas (ver recuadro), las cuales van siendo utilizadas como garantías entre ellas mismas para obtener préstamos de dinero, diversificar las responsabilidades fiscales y legales de la empresa, introducir dinero producto del lavado de activos (el ejemplo es la megacausa por la compra de autos contrabandeados con licencias diplomáticas que involucra a dos empresas de Sánchez Anterino: Gilmer S.A. y Cromel S.A.), para contraer deudas y luego declararse insolvente.
Al indagar en la historia laboral de un empleado con antigüedad en SOHO, es notorio que pasó, como mínimo, por seis sociedades comerciales. Por supuesto, todas estas sociedades hicieron fraude sistemático al fisco, a los aportes previsionales, y sindicales, entre otras formas para la acumulación empresaria.
El mecanismo económico oculto con que opera la marca de ropa SOHO, investigada por violación a derechos humanos básicos por lo que jamás fue condenada, es crear una sociedad anónima y poner como directores a dos testaferros. A los pocos meses, declaran la renuncia de los “testas” y asumen los reales dueños. Cuando estas sociedades ya quedan muy expuesta judicialmente, en los medios de prensa, o se desborda en deudas, dan un paso al costado. Entonces, renuncian y vuelven a poner otros dos testaferros.
Detrás de los testaferros de SOHO se esconde un clan familiar. Al mejor estilo del grupo mafioso italiano 'Ndrangheta, que recluta a sus miembros siguiendo el criterio de la relación de sangre que genera una cohesión que dificulta las traiciones. Quien encabeza el emporio mafioso de SOHO es Nelson Sánchez Anterino, le sigue su esposa María Pía Maestro, hermana de una famosa actriz internacional (Mia Mestro), su madre Elba Anterino, y su tía Anneris Anterino. Además sumaron al clan a Sofía Gabina Verón, que crío a Nelson Sánchez Anterino, y su esposo Alberto Francisco Piñeyro.
Por su parte, el artífice de la ingeniería administrativa/contable es Hermes Raúl Luis Provenzano, imputado como el resto del clan por reducción a la servidumbre en talleres esclavos, violación a la Ley de Migraciones y a la Ley de Trabajo a Domicilio, como el apoderado de Radya S.A. “En realidad es el contacto con los bancos”, señalan desde el despacho del Fiscal Federal Federico Evers, quien en diciembre de 2007 solicitó la indagatoria a los responsables de comercializar la marca SOHO. Algo que nunca prosperó, porque el juez Federal Norberto Oyarbide dictó el sobresimiento de los imputados (entre ellos Sánchez Anterino, Provenzano y Verón), considerando que “No hubo aprovechamiento de la situación migratoria irregular de las personas que trabajan en el taller (…) por las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano de donde proviene la mayoría de los ocupantes del inmueble allanado”. Es decir, los trabajadores migrantes consentían a criterio de Oyarbide su propia explotación por cuestiones culturales, independientemente de que el hecho involucre empresarios nacionales violando todas las leyes laborales que rigen en el país, derechos de los trabajadores que por definición, son irrenunciables.
La causa judicial del escandaloso fallo de Oyarbide fue iniciada por el Gobierno de la Ciudad, en ese entonces dirigido por Jorge Telerman, y la Defensoría del Pueblo porteña de Alicia Pierini, y justamente certificó los datos aportados por la Alameda y los trabajadores de SOHO.
Volviendo a las sociedades comerciales si algún juez tomara la decisión de cruzar los datos de las sociedades comprobaría el entramado descubierto por los trabajadores de SOHO encabezados por su delegado Ezequiel Conde. El patrón es repetir las mismas empresas con los mismos testaferros y direcciones, tanto de las sociedades como de los directivos. Estas direcciones en general son oficinas o galpones vacíos. Y a ninguna sociedad, salvo la que está en ese momento funcionando dentro de la empresa, se le conoce ninguna actividad real.
EL ESTADO TE PROTEGE
Los organismos de control del Estado nacional y porteño juegan un rol fundamental dentro de la protección al mecanismo económico que se nutre de las ganancias de someter a la esclavitud a inmigrantes indocumentados en talleres clandestinos.
“Los trabajadores nos cansamos de ver por años como desfilaban los inspectores de la AFIP, Subsecretaria de Trabajo porteña, Agencia Gubernamental de Control que, sobre mediante, se van sin que nada cambie”, afirmó Ezequiel Conde, líder del grupo de trabajadores que en dos ocasiones decidieron permanecer en la planta de SOHO, en Díaz Colodrero al 3500 barrio de Villa Urquiza, en resguardo de sus fuentes laborales que peligran por el vaciamiento que vienen denunciando desde abril del 2011.
De todas maneras, el organismo del Ejecutivo clave para mantener y reproducir la estructura económica de la esclavista marca SOHO, es la Inspección General de Justicia (IGJ). Al leer los boletines oficiales se aprecia que la IGJ, a cargo del abogado militante de La Campora Norberto Carlos Berner, autoriza sociedades anónimas sin una ínfima verificación. Nunca vieron los empleados bajo el mando de Berner las renuncias de cargos de diferentes sociedades en el mismo día y con los mismos nombres.
A los trabajadores de SOHO, grandes protagonistas en el descubrimiento del entramado mafioso de su jefe, les parece muy claro el actuar de la IGJ. “A la Fundación Alameda, que lucha justamente contra el crimen organizado, cuando tramitó su matrícula pasaron cuatro años para otorgarla, y así a otras ong’s antimafia. Pero no pasa igual cuando se trata de las sociedad de SOHO”, remató el delegado gremial Conde.
La única sociedad visible de SOHO, Gilmer S.A. se encuentra en Concurso Preventivo acumulando una deuda de 96 millones de pesos por cheques liberados sin fondos, más una deuda post concursal de 11 millones de pesos. Eso no es todo en la impunidad para la empresa mafia. Hasta crearon una sociedad paralela, Riverotex S.A., e informaron a la jueza en lo comercial Valeria Pérez Casado, a cargo de la intervención, y también lo declararon en el juzgado correccional N° 47 donde están imputados por vaciamiento y estafa. El argumento de la patronal esclavista es que mediante Riverotex S.A. sostienen el flujo de dinero (ya que las cuentas de Gilmer S.A. están cerradas). La nueva sociedad, en su corta existencia, ya acumula una deuda de 4.5 millones de pesos por cheques liberados sin fondos.
El “todo vale” es la frase preferida de los trabajadores para resumir la impunidad de su patronal. Es que los trabajadores de SOHO vieron a lo largo de los años compañeros suyos ser echados a los cachetazos por un súbito enojo de Nelson Sánchez Anterino, o las carcajadas de los capataces de los talleres clandestinos al contar como sacaban a los costureros que se quedaban dormidos en las propias máquinas de coser.
“Pero la justicia tanto penal como comercial es permisiva con estos tránsfugas económicos y pareciera que todo vale”, repite Ezequiel Conde quien recuerda que el juez federal Norberto Oyarbide quedó al descubierto por otorgar el sobresimiento a los dueños de SOHO pero agrega que las conexiones mafiosas subieron de nivel.
EL TRIUNVIRATO MAFIOSO
En febrero, en una entrevista al noticiero de América 24, los propios abogados de Nelson Sánchez Anterino reconocieron que hace un año SOHO tenía un local lindero al narco-prostíbulo Black, en Ayacucho 1981, en el barrio de Recoleta. Lo que no dicen los letrados es que la parcela del inmueble es propiedad de Aljorse Black SRL, a cargo de Alberto Fernández (homónimo del ex funcionario nacional) que subarrendó por años a Nelson Sánchez Anterino. El respaldo político al proxeneta de Recoleta quedó en evidencia al formar parte de la comitiva empresaria a Angola que encabezó el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. A puertas cerradas el destacado funcionario nacional reconoció que Fernández integró la comitiva al país de África. Nunca aclaró si lo llevaron por su habilidad para explotar mujeres, comerciar cocaína o contrabandear autos de lujos.
No es la única conexión. Distintos testigos y trabajadores de Black reconocen que su dueño, Alberto Fernández se muestra como propietario de la concesionaria Machines con sede en Martínez, Av. Libertador 14399, denunciada por la venta de autos contrabandeados con licencia diplomática. La sede legal de Machines compartía la dirección con otro local de la marca SOHO. Las dos empresas anunciaban por separado en sus páginas webs la misma dirección en av. Libertador 14399.
A su vez, otro de los dueños de la concesionaria Machines es el ex secretario de la presidenta, Fabián Gutiérrez. Este ex secretario, imputado en una causa por enriquecimiento ilícito, abrió una concesionaria Machines en Río Gallegos a nombre de un testaferro. Gutiérrez era habitué del prostíbulo Black donde se dedicaba a cerrar negocios y a largas conversaciones con Alberto Fernández.
La concesionaria Machines de Martínez quedó en evidencia en el verano de 2008, luego de una auditoria realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la intervención inicial del Juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y que hoy tramita por el juzgado N° 5 a cargo de Jorge Ángel Brugo. Por la investigación de los trabajadores de SOHO, a esa megacausa se aportó un depósito clandestino en la calle Tartagal 5850, en el barrio de Villa Urquiza. Esa denuncia de mayo del 2011 inició un nuevo expediente en el juzgado Penal Económico N° 9. En este juzgado se tomó testimonio al delegado de SOHO y finalmente la causa fue archivada.
En la causa penal por los autos de lujo quedó certificado que uno de ellos fue comprado mediante la Embajada de Bolivia y el otro de Arabia Saudita. Sofía Verón y su esposo, Alberto Francisco Piñeyro, afirman haber comprado los autos en Machines de Martinez. En esa causa, varios autos son declarados como adquiridos en distintas franquicias de Machines y aparece un tal Sequeiros como el empleado de la firma que concretó todas las ventas. Además, en la gestoría aparece el Estudio Galli involucrado en el caso del Porsche de Cromel S.A. y de la camioneta Hummer de Gilmer S.A.
Como si esto no fuera poco, el dueño del narco-prostíbulo Black se mostraba en la planta de SOHO como socio propietario. De hecho, en una imagen tomada por un trabajador se lo ve al dueño del prostíbulo Alberto Fernández dentro de la fábrica de SOHO en Villa Urquiza.
“En el mundial de futbol de 2006 se mandaron remeras para mujeres con la bandera y el logo de Black. Además sabemos porque lo conocemos de muchos años el herrero de SOHO, también trabajaba para el prostíbulo Black y la concesionaria Machines en Martínez”, reconoció Ezequiel Conde de SOHO y referente de la agrupación gremial la Unión de Trabajadores Costureros (UTC-Alameda).
Se entiende la frase “todo vale” cuando se escucha que los barones de la industria textil reconocieron en la sede del Ministerio de Trabajo Nacional que el 78% de su producción es ilegal.
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