El gobierno que se autoproclama abanderado de los Derechos Humanos, es en realidad quien acumula la mayor cantidad de muertes por represión y gatillo fácil. La Triple Alianza Antiobrera (burocracia sindical, gobierno y empresarios) garantiza la superexplotación de los trabajadores y es responsable del asesinato de Mariano Ferreyra.
* por María del Carmen Verdú, militante de CORREPI y parte del equipo de abogados de la querella que representa a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y otros cinco heridos del 20/10/10 en el juicio contra los asesinos de Mariano.
El 20 de octubre de 2010, los trabajadores ferroviarios del Ferrocarril General Roca (FCGR), salieron a la calle como parte de un plan de lucha impulsado desde las bases, contra la tercerización laboral, herramienta que utilizan los empresarios y burócratas sindicales como Pedraza, para explotar más y mejor.
La burocracia sindical, además de legitimar esas pésimas condiciones de trabajo y de preocuparse por mantenerlas, forma parte del negocio administrando diversas “cooperativas” que celebran jugosos contratos con la concesión administradora del FCGR que, para ello, recibe jugosos subsidios del Estado nacional.
Junto con el trabajo en negro, la tercerización laboral es una de las políticas más utilizadas por el gobierno kirchnerista, para luego llenarse la boca hablando del “crecimiento del trabajo genuino”. Pero el kirchnerismo no sólo mantiene la tercerización laboral como método, también terceriza la represión.
En una sociedad divida en clases la burguesía necesita de su brazo armado para mantener el orden y defender su riqueza y poder, conseguidos a costa de la explotación de la fuerza de trabajo del pueblo. Esa es la función del aparato represivo del Estado. Su fin es reprimir y disciplinar a quienes son explotados por la clase dominante, a la mayoría de la población, que son los únicos que tienen la potencialidad de amenazar este sistema.
Solemos distinguir, para comprender mejor la forma en que los gobiernos aplican la represión, la forma "preventiva" de la modalidad "selectiva". La represión preventiva se aplica sobre todo el pueblo trabajador sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, por lo que afecta principalmente a los jóvenes pobres. Su objetivo es atemorizar y desbaratar, preventivamente, cualquier intento de resistencia y organización. Así el gatillo fácil, el hostigamiento policial, la tortura, las detenciones arbitrarias y el asesinato en cárceles y comisarías, conforman la represión más invisibilizada y legitimada desde distintos sectores de la sociedad, aunque todos funcionales a la clase dominante. Los medios de comunicación fogonean incansablemente el fantasma de la inseguridad, reproduciendo y alimentando a quienes piden más policías en la calle, mientras el aparato represivo estatal mata un chico pobre por día con el gatillo fácil en los barrios y los tortura en los lugares de detención.
Es importante aclarar que el gobierno kirchnerista ha sido el que mejor cumplió esta tarea: logró militarizar el país entero y llevar adelante un “lavado de cara” de las fuerzas represivas. Es el gobierno que acumula más fusilamientos por el gatillo fácil, muertes en cárceles y por tortura desde la restauración de la democracia, y es responsable de más de 2.000 de los 3.700 y pico de casos contados desde 1983.
Junto con la represión preventiva y como parte de la misma política represiva estatal, se despliega la represión selectiva que se aplica cuando la “preventiva” no logra su objetivo de disciplinar al pueblo y evitar la organización popular. Estos son los casos que más claramente se perciben por parte de la sociedad como represión.
También en esta modalidad, el kirchnerismo lleva la delantera. De los 66 compañeros asesinados en protestas desde 1995 hasta la fecha, 17 muertes fueron provocadas durante el autoproclamado “gobierno de los Derechos Humanos”, es decir, desde 2003 hasta 2012. Mariano Ferreyra es el séptimo de la lista que comienza con Luis Cuellar en 2003, completan Carlos Fuentealba en 2007; Juan Carlos Erazo en 2008; Facundo Vargas, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco, Roberto López, Mario López, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro, Emilio Canaviri Álvarez, asesinados en 2010, para terminar con Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez, Juan José Velázquez y Christian Ferreyra en 2011.
Esta modalidad se concentra contra las organizaciones que luchan y enfrentan a la burguesía y cuestionan el orden social. Así, los militantes políticos y sociales sufren la persecución del Estado por contribuir a la construcción de la lucha consciente y organizada del pueblo.
La criminalización de la protesta es otra forma de la misma política represiva. Ya sea que se actualicen las leyes antiterroristas ordenadas por el imperialismo (EEUU, GAFI, FMI, etc.); que se aplique el código penal sobre cualquier trabajador que haya decidido no alinearse con la burocracia sindical y el gobierno de turno; que se utilicen figuras penales gravísimas para sancionar conductas que no son delito, como es luchar por reivindicaciones laborales, o que se encarcelen compañeros por salir a luchar, siempre estamos ante una misma política.
El kirchnerismo, desde un comienzo, ha desarrollado un discurso de legitimación y consenso alrededor de la represión. Cooptó referentes históricos de los DDHH; convenció, compró y fracturó a organizaciones que antes luchaban activamente contra la explotación y la represión; declaró que no reprimiría la protesta social; le soltó la mano a algún que otro policía cuando fue necesario y se apropió de consignas y banderas propias de las organizaciones populares. Sobre esa base logró instaurar, aunque sólo fuera por un tiempo, la idea de que “este gobierno no reprime”.
Sin embargo, la represión mediante el uso del aparato estatal no siempre es la que se descarga sobre los luchadores. Muchas veces ocurre que utilizar a las fuerzas represivas del estado, que visten uniforme y portan una placa, entraña el riesgo para el gobierno de turno, de tener que pagar algún tipo de costo político.
El gobierno kirchnerista, para eludir esos costos, suele utilizar a las patotas como fuerza de choque, tercerizando la represión. Existen así, mayores posibilidades de desligarse políticamente de hechos represivos protagonizados por estas bandas paraestatales que si la represión se consuma directamente por el aparato estatal.
Esto es lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010. Los trabajadores ferroviarios, por fuera de la burocracia, decidieron salir a reclamar el pase a planta permanente. Su lucha se encontró con las balas provenientes de la Triple Alianza Antiobrera.
La Triple Alianza Antiobrera la componen la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios. Tres históricos aliados contra la clase trabajadora, que comparten intereses y un mismo objetivo: mantener a raya a los trabajadores para poder seguir explotándolos más y mejor.
Los trabajadores del FCGR que reclamaban el fin de la tercerización laboral fueron reprimidos a través de esa tercerización de la represión: la patota de la burocracia sindical peronista, compuesta por barras bravas y trabajadores vendidos a la burocracia licenciados por la propia empresa, que atacó a los manifestantes, con el aparato estatal apoyándola y cubriéndole las espaldas. La burocracia y la patronal dispusieron a sus matones y la policía aseguró, primero, que la represión se llevara a cabo; después, que sus ejecutores huyeran con seguridad. Los policías no fueron espectadores negligentes ni simples cómplices, sino partícipes necesarios: abrieron paso a la patota para que pudiera atacar y luego cubrieron su retirada, impidiendo que los manifestantes alcanzaran a los más rezagados. Todo, con el conocimiento y aval de funcionarios políticos del gobierno, como Tomada, De Vido, Schiavi, Rial y Luna.
En los dos meses de juicio que llevamos transcurridos, ya se han recibido testimonios de sobra para tener por probado cómo ocurrieron los hechos y para reafirmar que, como dijimos desde que la patota fue detenida y los policías fueron procesados, en la sala “son todos los que están, pero no están todos los que son”.
Vamos por la perpetua para los 17 imputados actuales, pero también por la continuación de la causa contra los que faltan: los directivos de UGOFE y el resto del aparato estatal (ministerios de Trabajo y Planificación; secretaría de Transporte y subsecretaría de Transporte Ferroviario).
La burocracia sindical, además de legitimar esas pésimas condiciones de trabajo y de preocuparse por mantenerlas, forma parte del negocio administrando diversas “cooperativas” que celebran jugosos contratos con la concesión administradora del FCGR que, para ello, recibe jugosos subsidios del Estado nacional.
Junto con el trabajo en negro, la tercerización laboral es una de las políticas más utilizadas por el gobierno kirchnerista, para luego llenarse la boca hablando del “crecimiento del trabajo genuino”. Pero el kirchnerismo no sólo mantiene la tercerización laboral como método, también terceriza la represión.
En una sociedad divida en clases la burguesía necesita de su brazo armado para mantener el orden y defender su riqueza y poder, conseguidos a costa de la explotación de la fuerza de trabajo del pueblo. Esa es la función del aparato represivo del Estado. Su fin es reprimir y disciplinar a quienes son explotados por la clase dominante, a la mayoría de la población, que son los únicos que tienen la potencialidad de amenazar este sistema.
Solemos distinguir, para comprender mejor la forma en que los gobiernos aplican la represión, la forma "preventiva" de la modalidad "selectiva". La represión preventiva se aplica sobre todo el pueblo trabajador sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, por lo que afecta principalmente a los jóvenes pobres. Su objetivo es atemorizar y desbaratar, preventivamente, cualquier intento de resistencia y organización. Así el gatillo fácil, el hostigamiento policial, la tortura, las detenciones arbitrarias y el asesinato en cárceles y comisarías, conforman la represión más invisibilizada y legitimada desde distintos sectores de la sociedad, aunque todos funcionales a la clase dominante. Los medios de comunicación fogonean incansablemente el fantasma de la inseguridad, reproduciendo y alimentando a quienes piden más policías en la calle, mientras el aparato represivo estatal mata un chico pobre por día con el gatillo fácil en los barrios y los tortura en los lugares de detención.
Es importante aclarar que el gobierno kirchnerista ha sido el que mejor cumplió esta tarea: logró militarizar el país entero y llevar adelante un “lavado de cara” de las fuerzas represivas. Es el gobierno que acumula más fusilamientos por el gatillo fácil, muertes en cárceles y por tortura desde la restauración de la democracia, y es responsable de más de 2.000 de los 3.700 y pico de casos contados desde 1983.
Junto con la represión preventiva y como parte de la misma política represiva estatal, se despliega la represión selectiva que se aplica cuando la “preventiva” no logra su objetivo de disciplinar al pueblo y evitar la organización popular. Estos son los casos que más claramente se perciben por parte de la sociedad como represión.
También en esta modalidad, el kirchnerismo lleva la delantera. De los 66 compañeros asesinados en protestas desde 1995 hasta la fecha, 17 muertes fueron provocadas durante el autoproclamado “gobierno de los Derechos Humanos”, es decir, desde 2003 hasta 2012. Mariano Ferreyra es el séptimo de la lista que comienza con Luis Cuellar en 2003, completan Carlos Fuentealba en 2007; Juan Carlos Erazo en 2008; Facundo Vargas, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco, Roberto López, Mario López, Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro, Emilio Canaviri Álvarez, asesinados en 2010, para terminar con Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez, Juan José Velázquez y Christian Ferreyra en 2011.
Esta modalidad se concentra contra las organizaciones que luchan y enfrentan a la burguesía y cuestionan el orden social. Así, los militantes políticos y sociales sufren la persecución del Estado por contribuir a la construcción de la lucha consciente y organizada del pueblo.
La criminalización de la protesta es otra forma de la misma política represiva. Ya sea que se actualicen las leyes antiterroristas ordenadas por el imperialismo (EEUU, GAFI, FMI, etc.); que se aplique el código penal sobre cualquier trabajador que haya decidido no alinearse con la burocracia sindical y el gobierno de turno; que se utilicen figuras penales gravísimas para sancionar conductas que no son delito, como es luchar por reivindicaciones laborales, o que se encarcelen compañeros por salir a luchar, siempre estamos ante una misma política.
El kirchnerismo, desde un comienzo, ha desarrollado un discurso de legitimación y consenso alrededor de la represión. Cooptó referentes históricos de los DDHH; convenció, compró y fracturó a organizaciones que antes luchaban activamente contra la explotación y la represión; declaró que no reprimiría la protesta social; le soltó la mano a algún que otro policía cuando fue necesario y se apropió de consignas y banderas propias de las organizaciones populares. Sobre esa base logró instaurar, aunque sólo fuera por un tiempo, la idea de que “este gobierno no reprime”.
Sin embargo, la represión mediante el uso del aparato estatal no siempre es la que se descarga sobre los luchadores. Muchas veces ocurre que utilizar a las fuerzas represivas del estado, que visten uniforme y portan una placa, entraña el riesgo para el gobierno de turno, de tener que pagar algún tipo de costo político.
El gobierno kirchnerista, para eludir esos costos, suele utilizar a las patotas como fuerza de choque, tercerizando la represión. Existen así, mayores posibilidades de desligarse políticamente de hechos represivos protagonizados por estas bandas paraestatales que si la represión se consuma directamente por el aparato estatal.
Esto es lo que ocurrió el 20 de octubre de 2010. Los trabajadores ferroviarios, por fuera de la burocracia, decidieron salir a reclamar el pase a planta permanente. Su lucha se encontró con las balas provenientes de la Triple Alianza Antiobrera.
La Triple Alianza Antiobrera la componen la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios. Tres históricos aliados contra la clase trabajadora, que comparten intereses y un mismo objetivo: mantener a raya a los trabajadores para poder seguir explotándolos más y mejor.
Los trabajadores del FCGR que reclamaban el fin de la tercerización laboral fueron reprimidos a través de esa tercerización de la represión: la patota de la burocracia sindical peronista, compuesta por barras bravas y trabajadores vendidos a la burocracia licenciados por la propia empresa, que atacó a los manifestantes, con el aparato estatal apoyándola y cubriéndole las espaldas. La burocracia y la patronal dispusieron a sus matones y la policía aseguró, primero, que la represión se llevara a cabo; después, que sus ejecutores huyeran con seguridad. Los policías no fueron espectadores negligentes ni simples cómplices, sino partícipes necesarios: abrieron paso a la patota para que pudiera atacar y luego cubrieron su retirada, impidiendo que los manifestantes alcanzaran a los más rezagados. Todo, con el conocimiento y aval de funcionarios políticos del gobierno, como Tomada, De Vido, Schiavi, Rial y Luna.
En los dos meses de juicio que llevamos transcurridos, ya se han recibido testimonios de sobra para tener por probado cómo ocurrieron los hechos y para reafirmar que, como dijimos desde que la patota fue detenida y los policías fueron procesados, en la sala “son todos los que están, pero no están todos los que son”.
Vamos por la perpetua para los 17 imputados actuales, pero también por la continuación de la causa contra los que faltan: los directivos de UGOFE y el resto del aparato estatal (ministerios de Trabajo y Planificación; secretaría de Transporte y subsecretaría de Transporte Ferroviario).
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