El rol de los medios de comunicación en la problemática de la inseguridad consiste en construir un discurso tendiente a profundizar el temor en la población y beneficiar a grupos económicos concentrados. La necesidad de una política integral de seguridad desde el Estado, con participación de la sociedad civil.
* por Norberto R. Tavosnanska, Juez contravencional, faltas y penal de la CABA.
Introducción
La temática de la seguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad. Estamos frente a un problema real, parcialmente, ya que la violencia y la comisión de delitos es una problemática global y no solo nacional. Sin embargo, los medios masivos de comunicación solo tratan lo que denomino la inseguridad física e individual, los pequeños delitos contra la propiedad privada, invirtiendo espacio voluminoso en ello, y repitiendo la noticia con el norte de generar temor en la sociedad. Así, promocionan la inflación penal, esto es, mayores facultades para las Fuerzas de Seguridad, disminución de derechos y garantías, acusando a los jueces por los beneficios otorgados de libertad durante el proceso o egreso anticipado de condenados. Básicamente, la carencia estrucutural de un plan de seguridad como politica de estado, mantiene el tema básicamente sin cambios desde la dictadura, exceptuando algunas buenas intenciones.
El concepto de seguridad
Se pretende, deliberadamente, reducir el concepto de seguridad a la conflitividad relacionada con los pequeños delitos contra la propiedad privada, o sea el concepto restrigido de seguridad. Una concepción más amplia del concepto implica la carencia de seguridad en la vivienda, salud, jubilación y educación, entre otras, inseguridad que preocupa a los sectores mas carenciados y vulnerables de la sociedad. Las clase media y media alta, tienen un temor mayor a ser vícitmas de pequeños delitos contra la propiedad y la integridad física, que son los únicos que publican y repiten los medios de comunicación, con una linea editorial que sobredimensiona el tema.
Se destaca el rol de los medios masivos de comunicación audiovisduales quienes, aplicando técnicas como “en vivo y en directo”, deforman la realidad e instalan una sensación se mayor cantidad y calidad (violencia) de delitos que no encuentran sustento en mediciones rigurosas sobre presuntos aumentos o disminuciones de la violencia y comisión de delitos. Esta actividad integra una estrategia de negocios para los empredimientos de los grupos económicos concentrados que necesitan mayor temor social. De esta forma, aumenta la demanda de bienes rentables como seguros, bancos, armas, empresas de seguridad privadas, cerraduras, circuitos cerrados de televisión. La demanda de estos bienes y servicios no estaria satisfecha si los medios señalados no destilaran rios de sangre, con una repetición obscena, que motiva el nacimiento de explicaciones de solvencia académica internacional, como la criminología mediática del Dr. Eugenio Zaffaroni.
Diagnóstico y Tratamiento
El escenario indica la carencia total de política criminal, donde debería incluirse la política de seguridad, esto es, inclusión social, prevención del delito, participación comunitaria, abordaje de la agencia policial, armas y seguridad privada.
Es necesario diseñar esta como otra política pública, con el concurso de personalidades versadas en el tema: las ONGs de Derechos Humanos, las universidades, el fuero penal del Poder Judicial y otras entidades representativas de la sociedad relacionadas con la temática.
Asimismo, debería diseñarse un nuevo modelo policial y de inteligencia criminal que mantenga aquellos aspectos rescatables, pero que fundamentalmente eche las bases de una política criminal, de seguridad y policial democrática, en el marco de un acuerdo de seguridad integral, cuyo nacimiento se de en el parlamento de la Nación y se destaque por la pluralidad de sus integrantres.
El nuevo modelo policial deberia comprender, como pautas liminares, una nueva formación de los cuadros de oficiales, eliminando los institutos cerrados; rediseñar la currícula y estimular los concursos docentes; delegar en el Ministerio de Seguridad asuntos internos y financieros; control parlamentario e integración de ONGs de DDHH en su estructura.
Para ello, jurídicamente deben derogarse todas las normas vigentes, que integran la filosofía de instituciones militarizadas, forjada cuando las instituciones de seguridad se encontraban bajo el mando operacional de las Fuerzas Armadas.
Conclusión
Es una deuda importante de la democracia a la sociedad, el nacimiento de una politica criminal, que integre la política de seguridad y policial.
En el marco de la defensa del monopolio de la fuerza por parte del Estado, la necesidad de ofertas democráticas en ese sentido adquieren una dimensión impostergable ya que la reiteración de víctimas por las deficientes practicas en el uso de la fuerza y la selectividad de usarlas contra los sectores mas carenciados, instalan el discurso único que pretende resolver estos conflicos exclusivamente con la inflación penal, o sea, elevar penas, disminuir derechos y garantias, impedir salidas anticipadas, pero siempre dirigidas a los sectores alejados del acceso a las necesidades básicas.
La temática de la seguridad ocupa el primer lugar en las preocupaciones de la sociedad. Estamos frente a un problema real, parcialmente, ya que la violencia y la comisión de delitos es una problemática global y no solo nacional. Sin embargo, los medios masivos de comunicación solo tratan lo que denomino la inseguridad física e individual, los pequeños delitos contra la propiedad privada, invirtiendo espacio voluminoso en ello, y repitiendo la noticia con el norte de generar temor en la sociedad. Así, promocionan la inflación penal, esto es, mayores facultades para las Fuerzas de Seguridad, disminución de derechos y garantías, acusando a los jueces por los beneficios otorgados de libertad durante el proceso o egreso anticipado de condenados. Básicamente, la carencia estrucutural de un plan de seguridad como politica de estado, mantiene el tema básicamente sin cambios desde la dictadura, exceptuando algunas buenas intenciones.
El concepto de seguridad
Se pretende, deliberadamente, reducir el concepto de seguridad a la conflitividad relacionada con los pequeños delitos contra la propiedad privada, o sea el concepto restrigido de seguridad. Una concepción más amplia del concepto implica la carencia de seguridad en la vivienda, salud, jubilación y educación, entre otras, inseguridad que preocupa a los sectores mas carenciados y vulnerables de la sociedad. Las clase media y media alta, tienen un temor mayor a ser vícitmas de pequeños delitos contra la propiedad y la integridad física, que son los únicos que publican y repiten los medios de comunicación, con una linea editorial que sobredimensiona el tema.
Se destaca el rol de los medios masivos de comunicación audiovisduales quienes, aplicando técnicas como “en vivo y en directo”, deforman la realidad e instalan una sensación se mayor cantidad y calidad (violencia) de delitos que no encuentran sustento en mediciones rigurosas sobre presuntos aumentos o disminuciones de la violencia y comisión de delitos. Esta actividad integra una estrategia de negocios para los empredimientos de los grupos económicos concentrados que necesitan mayor temor social. De esta forma, aumenta la demanda de bienes rentables como seguros, bancos, armas, empresas de seguridad privadas, cerraduras, circuitos cerrados de televisión. La demanda de estos bienes y servicios no estaria satisfecha si los medios señalados no destilaran rios de sangre, con una repetición obscena, que motiva el nacimiento de explicaciones de solvencia académica internacional, como la criminología mediática del Dr. Eugenio Zaffaroni.
Diagnóstico y Tratamiento
El escenario indica la carencia total de política criminal, donde debería incluirse la política de seguridad, esto es, inclusión social, prevención del delito, participación comunitaria, abordaje de la agencia policial, armas y seguridad privada.
Es necesario diseñar esta como otra política pública, con el concurso de personalidades versadas en el tema: las ONGs de Derechos Humanos, las universidades, el fuero penal del Poder Judicial y otras entidades representativas de la sociedad relacionadas con la temática.
Asimismo, debería diseñarse un nuevo modelo policial y de inteligencia criminal que mantenga aquellos aspectos rescatables, pero que fundamentalmente eche las bases de una política criminal, de seguridad y policial democrática, en el marco de un acuerdo de seguridad integral, cuyo nacimiento se de en el parlamento de la Nación y se destaque por la pluralidad de sus integrantres.
El nuevo modelo policial deberia comprender, como pautas liminares, una nueva formación de los cuadros de oficiales, eliminando los institutos cerrados; rediseñar la currícula y estimular los concursos docentes; delegar en el Ministerio de Seguridad asuntos internos y financieros; control parlamentario e integración de ONGs de DDHH en su estructura.
Para ello, jurídicamente deben derogarse todas las normas vigentes, que integran la filosofía de instituciones militarizadas, forjada cuando las instituciones de seguridad se encontraban bajo el mando operacional de las Fuerzas Armadas.
Conclusión
Es una deuda importante de la democracia a la sociedad, el nacimiento de una politica criminal, que integre la política de seguridad y policial.
En el marco de la defensa del monopolio de la fuerza por parte del Estado, la necesidad de ofertas democráticas en ese sentido adquieren una dimensión impostergable ya que la reiteración de víctimas por las deficientes practicas en el uso de la fuerza y la selectividad de usarlas contra los sectores mas carenciados, instalan el discurso único que pretende resolver estos conflicos exclusivamente con la inflación penal, o sea, elevar penas, disminuir derechos y garantias, impedir salidas anticipadas, pero siempre dirigidas a los sectores alejados del acceso a las necesidades básicas.
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