El derecho penal no está en condiciones de curar o cuanto menos morigerar el cuadro de corrupción generalizada anidada en los poderes del Estado, tanto judicial como legislativo y ejecutivo.
Por Juan Carlos Colela -Movimiento de Intransigencia Radical- y Mario Mazzitelli - Partido Socialista Auténtico.-
Los hechos revelan que el grado de corrupción que carcome la moralidad pública y termina destruyendo materialmente a la sociedad Argentina con sus secuelas de indigencia, pobreza y atraso generalizado, no encuentran su remedio en la actuación de la justicia penal.
La casi nula existencia de condenados, de autores declarados culpables en el marco de una gama innumerable de delitos cometidos - que muchas veces evidencian sin ningún pudor, ni dejando lugar a dudas de la comisión y beneficio que el delito político les redituó – deja en la comunidad la sensación desalentadora de que siempre triunfa la impunidad.
Es más, los denunciados ante la Justicia se sienten tan seguros de no ser condenados, que logran imponerse a la propia sociedad y al reclamo de la gente honesta. Si alguien, cualquier persona honesta, los llamara “delincuente” como se debe, sería pasible de ser imputada bajo el cargo de calumnias e injurias.
Esto ocurre porque en el juego armónico de los principios del derecho penal que se resumen en conceptos republicanos tales como: que se salven mil culpables y no se condene un inocente; del principio "in dubio pro reo", es decir que en caso de duda se beneficia al imputado; del principio de prescripción de las acciones que con una Justicia tan lenta impide que se haga Justicia; por la necesaria adscripción de los hechos a la minuciosa "tipificación del delito" -comúnmente llamada "caratula de la causa"- a partir de la cual si la tipificación no se corresponde con precisión no hay condena, etc. Todo esto hace que la casi totalidad de las denuncias penales realizadas durante los últimos 28 años de democracia no hayan tenido la resolución esperada. Ningún funcionario con Poder es llevado a la Justicia en nuestro país. Y las poquísimas excepciones (de funcionarios ya sin Poder), no hacen otra cosa que confirmar la regla.
El derecho penal, como queda dicho, no está en condiciones de curar o cuanto menos morigerar el cuadro de corrupción generalizada anidada en los poderes del Estado, tanto judicial como legislativo y ejecutivo. Por ello, en salvaguardia de la Patria y el Pueblo, proponemos el concepto de "condena político-social". Se puede, entonces, ser condenado política y socialmente sin haber sido condenado por la Justicia penal. En nuestra propuesta todo funcionario que por "culpa" y/o "negligencia" coadyuve al delito público debe ser condenado política y socialmente.
El Órgano de aplicación que sugerimos es un “Tribunal Popular de Enjuiciamiento”, formado por organizaciones políticas, sociales y personalidades confiables ante la sociedad como resultado de un proceder cristalino a lo largo del tiempo.
Esta breve presentación quiere servir como empuje para la realización del objetivo, abriendo un debate constructivo que fecunde el embrión de una institución popular, capaz de luchar con eficiencia política, contra el flagelo de la corrupción.
La casi nula existencia de condenados, de autores declarados culpables en el marco de una gama innumerable de delitos cometidos - que muchas veces evidencian sin ningún pudor, ni dejando lugar a dudas de la comisión y beneficio que el delito político les redituó – deja en la comunidad la sensación desalentadora de que siempre triunfa la impunidad.
Es más, los denunciados ante la Justicia se sienten tan seguros de no ser condenados, que logran imponerse a la propia sociedad y al reclamo de la gente honesta. Si alguien, cualquier persona honesta, los llamara “delincuente” como se debe, sería pasible de ser imputada bajo el cargo de calumnias e injurias.
Esto ocurre porque en el juego armónico de los principios del derecho penal que se resumen en conceptos republicanos tales como: que se salven mil culpables y no se condene un inocente; del principio "in dubio pro reo", es decir que en caso de duda se beneficia al imputado; del principio de prescripción de las acciones que con una Justicia tan lenta impide que se haga Justicia; por la necesaria adscripción de los hechos a la minuciosa "tipificación del delito" -comúnmente llamada "caratula de la causa"- a partir de la cual si la tipificación no se corresponde con precisión no hay condena, etc. Todo esto hace que la casi totalidad de las denuncias penales realizadas durante los últimos 28 años de democracia no hayan tenido la resolución esperada. Ningún funcionario con Poder es llevado a la Justicia en nuestro país. Y las poquísimas excepciones (de funcionarios ya sin Poder), no hacen otra cosa que confirmar la regla.
El derecho penal, como queda dicho, no está en condiciones de curar o cuanto menos morigerar el cuadro de corrupción generalizada anidada en los poderes del Estado, tanto judicial como legislativo y ejecutivo. Por ello, en salvaguardia de la Patria y el Pueblo, proponemos el concepto de "condena político-social". Se puede, entonces, ser condenado política y socialmente sin haber sido condenado por la Justicia penal. En nuestra propuesta todo funcionario que por "culpa" y/o "negligencia" coadyuve al delito público debe ser condenado política y socialmente.
El Órgano de aplicación que sugerimos es un “Tribunal Popular de Enjuiciamiento”, formado por organizaciones políticas, sociales y personalidades confiables ante la sociedad como resultado de un proceder cristalino a lo largo del tiempo.
Esta breve presentación quiere servir como empuje para la realización del objetivo, abriendo un debate constructivo que fecunde el embrión de una institución popular, capaz de luchar con eficiencia política, contra el flagelo de la corrupción.
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